Fiduciaria en jaque: Fiscalía investiga presunto desvío en Credicorp

¿Te imaginas depositar toda tu confianza (y tus ahorros) en un proyecto inmobiliario prometedor, solo para descubrir que la entidad encargada de vigilar tu inversión había hecho la vista gorda ante irregularidades millonarias? Eso fue exactamente lo que les sucedió a 12 inversionistas en el proyecto Obras de Andalucía, un caso que hoy se convierte en el estandarte de la defensa de los derechos de los consumidores financieros en Colombia.

La Superintendencia Financiera ordenó a Credicorp Capital Fiduciaria responder por los perjuicios causados, enviando un mensaje contundente a todo el sector fiduciario: la vigilancia de los recursos es una obligación directa e indelegable. En este artículo te contaremos cada detalle de este histórico fallo, sus implicaciones para el sector y, sobre todo, las valiosas lecciones que deja para quienes sueñan con invertir en proyectos inmobiliarios de manera segura.

El caso en resumen

La historia de Obra Andalucía, en el municipio de Caldas (Antioquia), empezó como una ilusión de vivienda de interés social que prometía beneficiar a más de 600 familias. Entre ellas se encuentra Liliana Cifuentes, quien depositó sus ahorros confiada en el respaldo de la fiducia inmobiliaria de Credicorp Capital. Sin embargo, la tranquilidad se esfumó cuando descubrió que parte de los dineros entregados—siguiendo instrucciones de la misma constructora—terminaron en cuentas ajenas al patrimonio autónomo, sin que la Fiduciaria ejerciera un control efectivo.

Las alarmas se encendieron al ver que cada nueva revelación complicaba aún más el panorama: teléfonos desconectados, constructores ausentes y redes sociales desactualizadas dejaban en evidencia la posible falta de solidez financiera y el escaso compromiso con los compradores. Con la constructora Obrasdé en liquidación y el proyecto suspendido desde 2021, cientos de familias se quedaron sin recibir sus apartamentos y, peor aún, sin la seguridad de recuperar su inversión. 

Esta cadena de hechos llevó a un grupo de inversionistas a demandar a Credicorp Capital Fiduciaria ante la Superintendencia Financiera, entidad que ahora la obliga a pagar alrededor de 1.000 millones de pesos a varios afectados y ha remitido el caso a la Fiscalía para investigar una posible captación ilegal de recursos.

Aunque la fiduciaria anunció su intención de apelar, este fallo ofrece un rayo de esperanza para quienes siguen esperando la entrega de sus viviendas o el reintegro de sus ahorros. Más allá del desenlace definitivo, el mensaje es claro: la obligación de las fiduciarias de vigilar y proteger el patrimonio de sus clientes es innegociable, y cuando esa responsabilidad se ignora, la justicia puede (y debe) actuar.

Los problemas que surgieron

Cuando se destapó la polémica en Obra Andalucía, salieron a relucir una serie de situaciones que prendieron las alarmas de quienes habían confiado sus ahorros en este proyecto:

1. Órdenes de giro a cuentas desconocidas: Se identificaron múltiples transferencias—por varios miles de millones de pesos—hacia una empresa llamada Raíces del Sur, pese a que esta no hacía parte del fideicomiso. Esto significaba que gran parte del dinero de los inversionistas no entraba al patrimonio autónomo, dejando un vacío de control alarmante.

2. Instrucciones confusas de la constructora: Los compradores recibían la directriz de consignar en cuentas distintas a las de la fiducia, pero no existía claridad alguna de si esos recursos llegaban realmente a la obra. Para Liliana Cifuentes y muchos otros, fue un golpe descubrir que buena parte de sus aportes no figuraba en los registros de Credicorp Capital Fiduciaria.

3. Control difuso y responsabilidad esquiva: Aunque existía un interventor designado, la fiduciaria no ejerció una supervisión efectiva sobre el destino final de los recursos. El fallo de la Superintendencia dejó claro que la existencia de esta figura no exime a la fiducia de sus obligaciones de vigilancia y transparencia.

4. Falta de transparencia sobre la viabilidad del proyecto: A medida que avanzaban las investigaciones, salió a la luz que la constructora Obrasdé ya arrastraba antecedentes de incumplimientos en otros proyectos. Sin embargo, nada de esto se informó a tiempo a los inversionistas, que depositaron su fe en una estructura fiduciaria que, se suponía, velaría por la legalidad y seguridad de sus aportes.

A pesar de estos tropiezos, la decisión de la Superintendencia ha demostrado que aún hay caminos para buscar justicia. Este caso se ha convertido en el recordatorio de que, a la hora de invertir, la transparencia y la rendición de cuentas no pueden quedar en segundo plano. Con el precedente dejado, es muy probable que las fiduciarias refuercen sus mecanismos de control, abriendo una ventana de esperanza para quienes apuestan por el sueño de adquirir una vivienda sin poner en riesgo sus recursos.

Qué decidió la Superintendencia Financiera

En un pronunciamiento que promete cambiar las reglas de juego en el sector fiduciario, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera emitió un fallo contundente contra Credicorp Capital Fiduciaria. El primer paso fue ordenar el pago de cerca de 1.000 millones de pesos a 12 inversionistas perjudicados por los manejos irregulares del proyecto. Pero el mensaje no quedó allí: el órgano de control también subrayó la imposibilidad de escudarse en la figura del interventor para eludir la responsabilidad directa de vigilar los recursos.

Como parte de las medidas, el caso ha sido remitido a la Fiscalía General de la Nación, para investigar la posible existencia de un esquema ilegal de captación de dineros del público, una infracción que, de comprobarse, podría acarrear serias consecuencias penales para quienes resulten responsables. Dichas consecuencias abarcan desde la imposición de cuantiosas multas y eventuales inhabilitaciones para ejercer actividades financieras, hasta penas privativas de la libertad, dependiendo de la gravedad de los hechos y el grado de participación de cada implicado.

Este paso firme de las autoridades subraya la importancia de proteger los intereses de los inversionistas y envía un mensaje claro: no habrá tolerancia ante la omisión de controles en el uso de los recursos que los consumidores financieros confían a una fiduciaria.

Lecciones para futuros compradores

El presente caso nos deja algunas enseñanzas valiosas al invertir en un proyecto inmobiliario:

1. Investiga antes de firmar: No des por sentado que todo anda bien. Verifica el historial de la constructora y la fiduciaria, revisa calificaciones de riesgo y consulta referencias de antiguos compradores. Un antecedente cuestionable es una alerta para pensarlo dos veces.

2. Exije transparencia en los pagos: Insiste en depositar el dinero exclusivamente en la cuenta del fideicomiso autorizada. Si alguien te pide consignar en cuentas ajenas al proyecto, documenta la solicitud y pide explicaciones a la fiduciaria antes de actuar.

3. Mantén el control de la información: Solicita informes de avance de la obra y de la gestión de la fiduciaria de manera periódica. Conocer cómo se manejan los recursos te permitirá detectar irregularidades a tiempo y tomar medidas preventivas.

4. No subestimes la asesoría legal especializada: Un equipo de abogados experimentados puede identificar, desde la letra pequeña, potenciales riesgos que para un inversionista individual podrían pasar desapercibidos.

5. Nunca dudes en alzar la voz: Si percibes inconsistencias, únete a otros compradores y presenta las denuncias correspondientes. La organización colectiva y coordinanda suele ser más efectiva para exigir soluciones y lograr la defensa de tus derechos.