El proyecto del Corredor Verde de la Carrera Séptima en Bogotá, una iniciativa ambiciosa para transformar una de las arterias principales de la ciudad, ha sido objeto de intenso debate público y controversia legal desde su concepción. Este proyecto, propuesto por la administración de la alcaldesa Claudia López, busca revolucionar la movilidad y el espacio público a lo largo de esta emblemática vía, promoviendo el transporte sostenible y la mejora del entorno urbano.
Sin embargo, el camino hacia su implementación no ha sido sencillo. Recientemente, el proyecto se vio envuelto en una batalla legal que amenazaba con detener su avance.
En un giro inesperado de los acontecimientos, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió una sentencia que podría despejar el camino para que el proyecto siga adelante. En este artículo, examinaremos, a través de un análisis accesible y fácil de entender, los detalles legales de la sentencia 25000231500020230100 y sus implicaciones para el proyecto del Corredor Verde.
Para entender la importancia de esta sentencia, es necesario retroceder en el tiempo y examinar los eventos que llevaron a esta situación legal.
El proyecto del Corredor Verde de la Carrera Séptima nació como una alternativa al plan anterior de construir una troncal de TransMilenio en esta vía. La administración de la alcaldesa Claudia López propuso este nuevo proyecto como parte de su Plan de Desarrollo 2020-2024, buscando crear un espacio más amigable para peatones y ciclistas, con un sistema de transporte público más sostenible.
Sin embargo, el 8 de septiembre de 2023, un grupo de ciudadanos interpuso una acción popular contra la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Esta acción legal alegaba que el proyecto del Corredor Verde vulneraba varios derechos colectivos, entre ellos la moralidad administrativa, el patrimonio público y el goce del espacio público.
Como resultado de esta acción popular, el Juzgado 35 Administrativo de Bogotá tomó una decisión sorprendente el 25 de octubre de 2023: ordenó la suspensión inmediata del proceso licitatorio para la construcción del Corredor Verde. Esta medida cautelar se basó en la interpretación del juez de que el proyecto efectivamente violaba el Plan de Desarrollo Distrital y podría amenazar derechos colectivos.
Esta suspensión generó una gran controversia. Por un lado, los opositores del proyecto celebraron la decisión como una victoria para la participación ciudadana. Por otro lado, la Alcaldía y el IDU argumentaron que la suspensión podría causar graves perjuicios al desarrollo de la ciudad y a la inversión de recursos públicos ya realizada en la planificación del proyecto.
Es en este contexto de confrontación legal y debate público que se produce la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que analizaremos en detalle en las siguientes secciones.
La sentencia 25000231500020230100 de 2023 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca marca un punto de inflexión en el caso del Corredor Verde. En su decisión, el Tribunal encontró varios defectos en la medida cautelar que suspendió el proyecto. Estos defectos, en términos simples, son errores graves en el proceso de toma de decisión judicial. Veamos cada uno de ellos:
El Tribunal consideró que el juez de la acción popular cometió un error procesal grave al decretar la medida cautelar sin haber escuchado previamente a todas las partes involucradas, especialmente a los oferentes del proceso licitatorio. En términos sencillos, el juez tomó una decisión sin dar la oportunidad a todos los interesados de presentar sus argumentos, lo cual va en contra de las reglas básicas del debido proceso.
Se determinó que el juez interpretó de manera errónea el artículo 105 del Plan de Desarrollo Distrital. El Tribunal señaló que no es claro que este artículo prohíba absolutamente la implementación de un sistema de transporte como el propuesto en el Corredor Verde. En otras palabras, el juez basó su decisión en una interpretación discutible de la norma, sin tener suficientes elementos para afirmar que el proyecto violaba el Plan de Desarrollo.
El Tribunal encontró que el juez no contaba con suficientes pruebas técnicas para concluir que el proyecto del Corredor Verde era similar al proyecto de TransMilenio de 2017-2018, que sí estaba prohibido por el Plan de Desarrollo. Esto significa que el juez tomó una decisión basada en suposiciones más que en evidencia concreta.
Finalmente, el Tribunal consideró que el juez se extralimitó en sus funciones al ordenar la modificación del proyecto y suspender el proceso licitatorio. Según el Tribunal, el juez de la acción popular no tiene la competencia para tomar este tipo de decisiones, que corresponden más bien a las autoridades administrativas y al Concejo de Bogotá.
En resumen, el Tribunal concluyó que la decisión de suspender el proyecto del Corredor Verde fue tomada sin seguir el procedimiento adecuado, sin una correcta interpretación de las normas aplicables, sin suficiente evidencia y excediendo las competencias del juez.
Como resultado de estos hallazgos, el Tribunal decidió el 21 de noviembre de 2023 dejar sin efecto la medida cautelar que suspendía el proceso licitatorio del Corredor Verde. Además, ordenó al Juzgado 35 Administrativo de Bogotá que tome una nueva decisión en un plazo de dos días, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la sentencia.
Mientras el proceso judicial sigue su curso, el proyecto ha continuado avanzando. El 23 de noviembre de 2024, en una entrevista con El Tiempo, el director del IDU anunció la culminación exitosa del proceso de adjudicación para la construcción del tramo entre la calle 99 y la calle 200. El cronograma contempla que la etapa de preconstrucción del segmento entre la calle 99 y la calle 127 se extenderá hasta septiembre de 2024, con una fecha prevista de finalización de obras para septiembre de 2027.
En paralelo a estos avances constructivos, el desarrollo judicial de la acción popular ha alcanzado etapas decisivas. El 29 de octubre de 2024 se llevó a cabo una audiencia de pruebas crucial, donde el juez escuchó los testimonios del Gerente del Proyecto Corredor Verde, Juan Pablo Caicedo, y del Subdirector General de Desarrollo Urbano del IDU, Ingeniero José Javier Suárez Bernal. Sus declaraciones aportaron la perspectiva técnica y administrativa sobre la ejecución del proyecto.
Durante esta misma audiencia, el juez incorporó al expediente la documentación administrativa de los tres contratos que actualmente se encuentran en ejecución para el tramo 3 del Corredor Verde, proporcionando así una visión completa del estado actual del proyecto. Con estas pruebas incorporadas, el juez consideró que había suficientes elementos de juicio y decretó el cierre del período probatorio.
Los días 5 y 6 de diciembre de 2024, las partes presentaron sus alegatos de conclusión, un momento procesal decisivo donde cada uno expuso sus argumentos finales antes de la sentencia. Estos alegatos representan la última oportunidad para que tanto la administración distrital como los ciudadanos que interpusieron la acción popular defiendan sus posiciones sobre el proyecto.
Desde entonces, el proceso se encuentra en una fase de espera. El juez tiene en sus manos todos los elementos necesarios para tomar una decisión definitiva: los testimonios técnicos, la documentación de los contratos y los argumentos finales de las partes. Su fallo determinará no solo el futuro inmediato del Corredor Verde, sino que también podría sentar un precedente importante sobre cómo se deben equilibrar los grandes proyectos de infraestructura urbana con la protección de los derechos colectivos de los ciudadanos.
Esta etapa del proceso nos muestra que la transformación de la Carrera Séptima va más allá de lo técnico y lo constructivo. Es un proceso que involucra activamente a la ciudadanía y que está sometido a un riguroso escrutinio judicial, todo ello en búsqueda de garantizar que el desarrollo urbano respete y proteja los derechos e intereses de todos los bogotanos.
La siguiente línea de tiempo muestra los momentos clave en el desarrollo de los últimos acontecimientos legales del proyecto Corredor Verde. Desde la acción popular que amenazó con detener su ejecución en septiembre de 2023, hasta los últimos avances judiciales y constructivos en diciembre de 2024. La visualización distingue entre hitos judiciales (rojo) e hitos constructivos (verde), permitiendo entender cómo el proyecto ha avanzado en paralelo a su proceso legal. Con una fecha prevista de finalización para septiembre de 2027, el Corredor Verde continúa su desarrollo mientras el proceso judicial sigue su curso.